En el marco de las actividades por los 23 años del inicio de las actividades académicas de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie, participó de una conferencia virtual en la que enfatizó que la agenda ambiental hoy tiene no solo una importancia en cuanto a la preservación del hábitat y la salud de los argentinos, sino que, no modificar prácticas productivas actuales nocivas, puede provocar problemas en el comercio internacional del país en los próximo años.
En ese sentido resaltó que si bien el país le vende soja a
China -donde está permitido el uso de glifosato-, hay países europeos que hoy
le compran trigo a la Argentina y que pueden dejar de hacerlo en los próximos
años porque no permitirán más la adquisición de productos agrícolas producidos
con ese componente (puso de ejemplo a Alemania y Francia). Por otro lado, en
poco tiempo varios países también podrán de carne porque el ganado está en
zonas donde se fumiga con ese producto tóxico.
“También puede ocurrir con la soja, que no solamente
exportamos a China”, explicó el funcionario en el marco de la conferencia
“Ambiente, Pobreza y Desarrollo”, brindada hoy virtualmente por la UNLa, en la
que participaron la rectora Ana Jaramillo; el director del Departamento de
Desarrollo Productivo y Tecnológico, Pablo Narvaja; y la directora de la
Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana, Sol Quiroga.
“La soja permite el ingreso de divisas, pero utiliza glifosato que daña la salud. Y esta no es una discusión campo versus ciudad, sino que es algo que lo determinan estudios científicos. Entonces decir que el glifosato trae problemas de salud es ir en contra de ciertos intereses y eso me valió que varios portales hablaran mal de mí y hasta me amenazaran de muerte”
En ese sentido, Cabandie también hablan de Vaca Muerta: “No
digo que haya que cerrarla, pero sí tengo la obligación de alertar sobre las
consecuencias del fracking. Es más cómodo no decirlo, pero hay que poner las
cartas sobre la mesa”, explicó.
Siguiendo con esa línea alertó que, de no abordar esos
temas, incluso el país fue sufrir sanciones económicas en las próximas décadas:
“La Agenda 2030 de las Naciones Unidad prevé multas para países que en esa
fecha no hayan disminuido su pasivo ambiental y sus niveles de emisiones.
Entonces como sociedad estamos obligados a modificar prácticas. No hay plan B.
El calentamiento global, a mediano plazo, puede provocar mayores pérdidas
económicas”, enfatizó.
En otro orden, alertó que recibió un ministerio
“paralizado”: “Se usaba el financiamiento externo para hacer estudios de
estudios y terminar presentando un proyecto de ley al año. Encima también se
contrataban consultoras extranjeras. No se gestionaba”.
Y agregó:
“Los pocos dólares que tenía el país se usaban para importar residuos. Cuando asumí detuve esa locura. Con cada empresa que necesitara residuos como insumo, la empezamos a contactar con galpones verdes de los municipios. Así al que precisaba, por ejemplo, caucho granulado o cartón lo conectamos con el lugar donde haya”.
Al ser consultado por el tratamiento de residuos, destacó:
“No ha sido una política nacional, porque depende de cada municipio. Pero
tenemos que coordinar actores porque los residuos son fuentes de recursos y
empleo. Hay miles de trabajadores recicladores. Son un eslabón de la economía
que hay que potenciar. Hoy con los residuos se hacen ropa, canchas sintéticas
de fútbol y de vóley, botellas, se hacen muebles, juegos infantiles para
plazas”, graficó.
“Hay que poner este tema en debate, especialmente para las
personas más humildes que viven cerca de los 5 mil basurales a cielo abierto
que tenemos en el país”, agregó.
Por último, instó a “no tomar la temática ambiental como una
agenda colorida, simpática, como muchas veces, sino como una agenda de mucha
responsabilidad. Es una obligación moral que tenemos como sociedad”, cerró.
La rectora Jaramillo, por su parte, recordó que la UNLa es
una universidad que contribuye a resolver los problemas nacionales. En tal
sentido, le señaló al Ministro que la institución “está totalmente disponible
para participar en acciones que contribuyan a mejorar el medioambiente”.